A comienzos del siglo XX surgió en Europa un movimiento artístico que reaccionó contra los estilos del Art Nouveau y el modernismo acusándolos de decorativistas, irracionales y carentes de forma y estructura. Este permitió el regreso del clasicismo, el renacimiento y de nuevas corrientes vanguardistas que plantearon críticamente el rol del arte y del artista en una sociedad urbana e industrializada. Algo similar sucede hoy con la profesión jurídica y el sistema judicial. Mientras la inteligencia artificial (IA) evoluciona a pasos agigantados y el mundo académico y los tribunales enfrentan el desafío de adaptar sus estructuras sin renunciar a los valores normativos, la protección judicial efectiva y la agencia humana.
Recientemente, tres foros globales académicos importantes -Data for Policy en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), Lawtomation en IE Law School (Madrid) y el encuentro anual de la International Bar Association (Copenhague)- sirvieron de escenario para debatir el futuro de la educación legal y la adjudicación en la era de la IA. El mensaje central que transmití en mis contribuciones es que no podemos pasar de los modelos tradicionales a la automatización a ciegas pues debemos construir una legitimidad auditable, en un retorno al humanismo como eje central.
En la IBA en Copenhague, en colaboración con la Law Schools Global League (LSGL), se presentaron los resultados de la actualización del Blueprint for Global Legal Education a partir de encuestas a directivos académicos de 33 Facultades de Derecho a nivel global. Los datos presentados junto a Soledad Atienza, decana de IE Law School, evidencian un uso marcadamente asimétrico de la tecnología: mientras el 53,8% de los estudiantes utiliza la IA de forma intensiva, solo el 15,4% del cuerpo docente alcanza ese nivel, reflejando una brecha de capacidad institucional más que generacional. Asimismo, aunque un 96,2% de las facultades reporta presencia de IA o Legal Tech, sólo el 19,2% la incluye como asignatura obligatoria, por lo cual para la mayoría de los estudiantes resulta opcional o incidental. Paralelamente, la preocupación por la integridad académica (73,1%) pone de manifiesto un problema de diseño pedagógico, por cuanto las asignaciones escritas tradicionales han dejado de ser un formato confiable para medir el razonamiento jurídico. Por ello, un rotundo 96,2% sostiene que el pensamiento crítico es hoy más importante que nunca en la medida en que el mercado no busca reemplazar al humano, sino formar juristas éticos, capaces de cuestionar, contextualizar y auditar los productos de las máquinas.
En Lawtomation (IE Law School, Madrid) reflexionamos cómo la educación jurídica debe abandonar las tareas mecánicas -como la memorización de precedentes o la redacción de contratos estandarizados- que hoy ejecutan adecuadamente los modelos de lenguaje (LLM). La formación debe desplazar las competencias hacia una dimensión de mayor abstracción y supervisión crítica.
En esta redefinición, el razonamiento, argumentación y comunicación jurídica deben migrar de la creación del texto primario a la auditoría algorítmica, la detección de alucinaciones y el diseño de prompts estructurados como el Chain-of-Thought (CoT). La interdisciplinariedad no puede tratar la tecnología como un domino externo y debe permitir la integración de la lógica computacional, la ciencia de datos y la gobernanza algorítmica con del derecho. La gestión de conflictos debe fortalecer la negociación y la mediación de alta empatía en entornos complejos donde la IA no puede interpretar emociones ni matices morales. Las competencias éticas y ciudadanas deben guiar al jurista en la ponderación constitucional y la gobernanza de decisiones automatizadas, velando por la equidad y la igualdad procesal. Es deseable que la investigación jurídica evolucione hacia la validación empírica, la verificación de datos y el análisis de cómo los algoritmos procesan el precedente. Por último, la visión global e intercultural debe preparar al profesional para navegar la gobernanza tecnológica transfronteriza y los estándares internacionales con inteligencia cultural.
Por su parte, en las varias presentaciones (p.e. en Data for policy) en que he realizado de mi texto “AI and jurisprudential analysis in tax matters”, en proceso de publicación, el uso de la IA en la toma de decisiones judiciales tributarias plantea cinco tensiones estructurales. En primer lugar, surgen riesgos éticos sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, donde la predicción probabilística amenaza con sustituir la argumentación jurídica por un «razonamiento motivado» retroactivo, mientras la asimetría tecnológica de la administración frente al contribuyente agrava la desigualdad procesal. En segundo lugar, existe un riesgo de estandarización y pérdida de discreción judicial, pues los modelos entrenados en jurisprudencia histórica tienden al conservadurismo estructural y la incapacidad para evaluar nuevos escenarios dentro de la «sombra decisional». En tercer lugar, la legitimidad y confianza pública en los jueces se ve resentida, dado que la percepción de justicia procesal depende de la agencia humana. En cuarto lugar, al evaluar la utilidad real de la IA, se constata que, si bien destaca en la extracción y clasificación de documentos, falla sustancialmente en la predicción de disputas fiscales complejas que exigen juicios de valor y cláusulas generales. Por último, la tensión en torno a los sistemas de IA que deben utilizarse obliga a descartar modelos probabilísticos genéricos propensos a alucinaciones, exigiendo el uso de sistemas de IA estructurados de dominio específico que garanticen la trazabilidad de la información y una auditoría transparente.
En conclusión, así como la reacción novecentista buscó recuperar la estructura y la forma frente a la arbitrariedad decorativa, la era de la IA exige al Derecho un retorno al humanismo. El acto de juzgar y aplicar el Derecho sigue siendo un ejercicio irremplazable de ponderación ética y empatía. La IA debe ser un asistente de auditoría analítica, no un sustituto de la moral ni de la mente humana. Solo con una formación volcada a la supervisión crítica y una tecnología auditable garantizaremos una justicia eficiente sin sacrificar la ética, el debido proceso y la dignidad humana.
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