Mientras el presidente Gustavo Petro y la mayoría del legislativo celebran la aprobación de la primera reforma de este gobierno (pues ya se anunció una segunda que modificará la tributación territorial y otra para reducir la tarifa corporativa que el mismo gobierno reconoce como alta en comparación con el promedio OCDE del 21,49 %), muchos observan con escepticismo su implementación.

Tres son las principales razones de esta sensación: por una parte, la posible vulneración del principio económico de “neutralidad” tributaria y del jurídico de “no confiscatoriedad”; por otra, el ciclo recesivo de la economía que se pronostica, y, por último, la evidente “desconfianza” en el uso de los recursos adicionales (20 billones) por parte del gobierno.

En relación con la primera motivación para el descontento, el sector empresarial, de manera general, teme a una tarifa combinada sociedad-socio superior al 41,89 % del promedio de la OCDE (que tanto por encima dependerá de la conciliación de los textos aprobados para definir la tarifa del gravamen a los dividendos).

Además, sectores como el financiero y el hidroeléctrico tendrán “sobretasas” especiales del 5 % y 3 %, respectivamente, para el periodo 2023-2026 y el minero-energético unas particulares atadas al decrecimiento o crecimiento de los precios internacionales del carbón (entre el 0 % y el 10 %) y del petróleo (entre el 0 % y el 15 %). Para este último sector, la situación tributaria es más gravosa por cuanto no se podrán deducir los pagos por regalías a la Nación en el impuesto sobre la renta, lo cual parece antitécnico y contrario a la normativa.

La anterior diferenciación tarifaria muy seguramente será examinada por la Corte Constitucional, que ojalá proteja la equidad tributaria, con argumentos técnicos, sopesando adecuadamente ‘la sostenibilidad fiscal’ sin vulnerar el núcleo esencial de los derechos (siendo la igualdad infranqueable).

Muchos de los descontentos se cuestionan si esta gravosa tributación no resta competitividad a estos sectores, vulnerándose la neutralidad, mientras que otros estudian las ‘líneas jurisprudenciales’ sobre el principio de ‘no confiscatoriedad’ definidas por la Corte de tiempo atrás, donde este se predica no solo de un impuesto cuya carga es excesiva, en particular, sino del sistema tributario como un todo (por lo que también son importantes los otros impuestos para medir la tasa efectiva de tributación). Interesante debate económico-constitucional se avecina.

En relación con la segunda motivación, los libros básicos de macroeconomía nos han enseñado que en momentos de desaceleración económica (aunada a altas inflaciones y devaluaciones) la política fiscal debe ser contracíclica (es decir, reducir los impuestos o aumentar los gastos para atenuar el descenso), por lo que no parece oportuna un alza impositiva que desaliente, en vez de incentivar, la actividad económica en sectores claves y estabilizadores para nuestro crecimiento.

Finalmente, existe una gran preocupación sobre la destinación de los recursos. El ministro de Hacienda ha señalado que serán para la ‘paz social’ y otros ministros ya empiezan a hacer anuncios sobre la inversión de esos dineros adicionales. Acá recobran importancia dos instrumentos de la hacienda pública: por una parte, el Plan Nacional de Desarrollo donde, además de definir las metas de este gobierno y el plan de inversiones públicas, se establecerán los presupuestos plurianuales para cumplirnos y por otra, el rol de los órganos de control y las veedurías ciudadanas para la efectiva y correcta materialización y ejecución de esos recursos.

Celebro que para aprobar esta reforma no se haya cedido, como era habitual en nuestro entorno, a las “amnistías tributarias” que minan la cultura tributaria, así como también la eliminación de beneficios costo-ineficientes en renta. Sin embargo, no comparto la inclinación de balanza tributaria exclusivamente a la tributación directa (renta y patrimonio), dejando de lado las profundas inequidades de aquella indirecta (IVA), así como haber cedido en el debate legislativo en tributos más inmediatos y fortalecidos sobre las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, que generan graves afectaciones a la salud y que nos permitirían “internalizar” externalidades negativas en el bienestar colectivo. También fue una lástima que se haya retirado de la reforma el gravamen a las pensiones, así como la tributación a las iglesias, últimos que permitirían la tan anhelada ‘justicia social’ e ‘igualdad’ del presidente Petro.

Publicado en: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/eleonora-lozano/columna-de-eleonora-lozano-la-reforma-tributaria-de-petro-717561