Eleonora Lozano Rodríguez
Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes
Cada 1,7 años, aproximadamente, Colombia se ve inmersa en el debate de una nueva reforma tributaria. En un reciente encuentro de Derecho y coyuntura, en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre las complejidades de la más reciente “Ley de Financiamiento” presentada por el Gobierno Nacional, y el diagnóstico, aunque multifacético, apunta a una conclusión preocupante: no logramos resolver los problemas estructurales de la desfinanciación estatal.
Gustavo Peralta, en su rol de director de gestión jurídica de la Dian, defendió la reforma desde una lógica de pragmatismo político y necesidad fiscal. Nos presentó un mapa desolador de la desigualdad en Colombia, una gráfica en la que el 70 % de la población apenas subsiste, argumentando que el proyecto es un esfuerzo por obtener recursos de donde es posible, gravando a quienes más tienen. Se trata de una narrativa que apela a la urgencia y a la innegable necesidad de financiar el Estado social de derecho. Para él, “la mejor reforma es la que se aprueba en el Congreso”.
En contraste, cuando se examina la letra menuda del proyecto, el optimismo pragmático se desvanece. Como lo desglosó Pablo Ángel, profesor de cátedra de nuestros posgrados en tributación, la propuesta identifica ganadores y perdedores muy claros. En la lista de afectados figuran el sector financiero, el minero-energético, la inversión extranjera y, de manera importante, también las personas naturales de ingresos medios y altos, no solo por el aumento de tarifas, sino por el recorte de los beneficios existentes. El mensaje subyacente es claro: se está “cazando en el zoológico”, exprimiendo a los contribuyentes cautivos en lugar de ampliar la base tributaria. Esta estrategia, aunque pueda generar un recaudo a corto plazo, pone en riesgo la competitividad y puede incentivar la despatrimonialización, la informalidad y, peor aún, la fuga de capitales.
Pero el problema más profundo no reside únicamente en a quién se le cobra más o menos, sino en los cimientos sobre los que construimos nuestro pacto fiscal. El verdadero déficit de Colombia no es solo de caja cortoplacista, es un déficit crónico de cultura tributaria. Y es aquí donde la actual propuesta, al igual que sus predecesoras, falla estrepitosamente.
Mientras se pide un esfuerzo adicional a los ciudadanos y a las empresas que usualmente cumplen, el proyecto favorece al infractor a través de nuevas figuras de “normalización” y amnistías tributarias. Como lo señaló César Cermeño, director de los programas de posgrado, estas medidas son una distorsión perversa. Crean un incentivo para no cumplir, pues el mensaje es que siempre habrá una segunda oportunidad más costo-eficiente. ¿Con qué autoridad moral le pedimos a un ciudadano que pague sus impuestos puntualmente, si sabe que en un par de años el gobierno premiará al evasor con un descuento del 80 % en sus sanciones? ¿No se vulnera nuevamente la Constitución, pues, como reiteradamente lo ha dicho la Corte Constitucional (C-910 de 2004, C-551 de 2015), con estas medidas se sacrifica la equidad y, en últimas, también la eficiencia, en la medida en que, a corto plazo, pueden representar un aumento de recaudo, pero, a largo, lo afecta, dado que los contribuyentes acomodan su aporte tributario teniendo en mente las futuras condonaciones?
Este es el núcleo de nuestro pacto de confianza roto. Desde la academia, hemos insistido durante años en que ninguna reforma será sostenible sin una apuesta seria por la cultura del cumplimiento. Pero esta no se construye a punta de garrote ni de perdones cíclicos. Se edifica sobre una relación de doble vía. El Estado debe exigir, pero también debe facilitar. ¿Cómo se fomenta la confianza cuando la propia administración tributaria presenta declaraciones sugeridas con información imprecisa, convirtiendo un deber ciudadano en una carrera de obstáculos?
El debate en la Universidad de los Andes dejó claro que las soluciones técnicas existen. Hay propuestas para simplificar el sistema, para mejorar la fiscalización sin ahogar al contribuyente, para fortalecer la tributación territorial y para diseñar mecanismos permanentes de solución de controversias tributarias como el arbitraje. Lo que falta es la voluntad política para abandonar los parches coyunturales y emprender una reforma verdaderamente comprehensiva. Una reforma que entienda que la recaudación no es un fin en sí mismo, sino el resultado de un contrato social basado en la equidad, la simplicidad, el ejemplo, la transparencia y, sobre todo, la confianza.
Noticia extraída de: https://www.ambitojuridico.com/noticias/tributario/tributario-y-contable/la-ley-de-financiamiento-mas-desconfianza-menos-cultur
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.
