Eleonora Lozano Rodríguez
Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes
Recientemente, tuve la oportunidad de participar en la celebración de los 25 años del Programa de Derecho de la Universidad Icesi. Fue un verdadero gusto compartir un espacio de reflexión sobre el futuro del Derecho, con Alejandro Linares, exmagistrado de la Corte Constitucional, y Esteban Piedrahita, rector del Icesi.
De esa estimulante conversación resalto varias reflexiones sobre la profunda transformación que, como educadores, estamos obligados a liderar.
Históricamente, el Derecho ha sido una disciplina tradicional en sus métodos pedagógicos. Sin embargo, la complejidad del mundo actual nos obliga a un ejercicio de honestidad sobre qué debemos abandonar y qué conservar.
Es imperativo abandonar la rigidez de los silos disciplinares. La organización canónica del conocimiento (p. e. civil, penal, comercial, familia) ya no responde a los problemas contemporáneos que son, por naturaleza, trans e interdisciplinares. En la Universidad de los Andes, por ejemplo, hemos transitado de un “área de derecho internacional” a un área de “debates globales”, así como del “derecho privado” a una “derecho y negocios”, entre otras. No se trata de un cambio meramente formal, sino de intentar encontrar respuestas a realidades que no pueden encasillarse.
Tampoco es sostenible la transmisión unilateral de contenidos. En una era con acceso inmediato a la información e inteligencias artificiales que la sistematizan en segundos, el valor del abogado no reside en la memorización de normas, jurisprudencia y doctrina. El modelo del estudiante como receptor pasivo ha cedido su lugar al aprendizaje experiencial, al método de casos, a la resolución de problemas, a las clínicas jurídicas y a un enfoque por competencias que integre el “saber” con el “saber hacer” y el “ser”. En esto durante años hemos trabajado y construido desde mi alma mater. Las nuevas generaciones valoran, además, la agilidad, la flexibilidad y la autenticidad, en contraposición con la excesiva solemnidad, ritualidad y formalismo.
Sin embargo, esta transformación no implica una renuncia a nuestra esencia, por lo que existen aspectos que debemos potenciar. El rigor analítico, la capacidad de construir y comunicar argumentos lógicos, la identificación correcta de la ratio decidendi de una sentencia, el análisis de fuentes y el uso adecuado de herramientas teóricas son metacompetencias insustituibles.
Además, en una era de dilemas tecnológicos (sesgos algorítmicos, privacidad, responsabilidad de la IA, entre otros), la formación de un criterio ético robusto y la responsabilidad social deben ser la columna vertebral de cualquier programa de Derecho. Así, ante la irrupción de una IA que puede ejecutar tareas mecánicas con eficiencia sobrehumana, el valor diferencial y el propósito de la formación jurídica debe residir en la dimensión humana.
Debemos formar abogados y abogadas que sean buenos ciudadanos, empáticos y estratégicos. La técnica la puede proveer la máquina; la sensibilidad social, la escucha activa para entender la necesidad real de una comunidad y la capacidad de negociación estratégica son habilidades intrínsecamente humanas que la tecnología no puede desplazar. Nuestro deber es desarrollar competencias transversales que les permitan desempeñarse con solvencia en cualquier rol, o varios a la vez, a lo largo de la vida.
En este nuevo panorama, la inteligencia artificial no es un enemigo a prohibir, sino una realidad con la cual hay que dialogar, criticar y gobernar. El debate no es “usar o no usar”; la respuesta debe ser, necesariamente, en doble vía: enseñar a usarla estratégicamente y, a la vez, a gobernarla críticamente.
En la Universidad de los Andes hemos adoptado una política de aceptación sobre la prohibición, de conciencia sobre la detección y, fundamentalmente, de autonomía pedagógica. Cada profesor define el nivel de uso de la IA en su curso, pero todos compartimos la premisa por la cual la IA nos obliga a repensar radicalmente la evaluación del desarrollo de las competencias. Si una máquina puede redactar un documento jurídico, nuestra evaluación debe medir la capacidad del estudiante para validar, criticar, refinar y complementar el resultado de esa IA a través del raciocinio, el juicio ético y la comunicación estratégica.
Mirando hacia el futuro, ¿cómo será la facultad de Derecho en 2040? No será una entidad aislada, sino inserta en una red universitaria de docencia e investigación pluridisciplinar, con fronteras porosas con la ingeniería, la ciencia de datos, la neurociencia, el diseño y las humanidades. Un ecosistema de aprendizaje ágil y permanente, donde el modelo de una educación de larga extensión será repensado y complementado por credenciales y formación continua para profesionales que buscan constantemente no solo la actualización (upskilling), sino también la reinvensión (reskilling).
El aprendizaje será predominantemente experiencial (formación clínica, laboratorios de innovación legal, proyectos de impacto social con comunidades reales) y las facultades serán centros de conocimiento de arquitectura abierta, cuyo impacto se medirá no solo por la citación académica, sino por la utilidad pública e incidencia de sus creaciones (desde pódcasts hasta herramientas open access para la difusión del conocimiento). Tendrán estructuras administrativas más ligeras y procesos más ágiles apoyadas en los avances tecnológicos, también.
La conversación en Icesi nos permitió recordar que, aunque tecnología avanza a una velocidad exponencial, nuestro reto como educadores es asegurar que la justicia, la ética y la empatía avancen con ella desde una perspectiva crítica y humana.
Columna de opinión extraída de: https://www.ambitojuridico.com/noticias/actualidad/el-humanismo-del-derecho
